Comentábamos en una entrada anterior la noticia de la apertura de juicio oral contra la cúpula directiva y los auditores de Banco Popular por los delitos imputados de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016. Este juicio podría derivar en indemnizaciones a los accionistas por vía de la responsabilidad civil.
No todos los accionistas afectados por la caída del Banco Popular se verían beneficiados de una posible sentencia favorable. Esta podría conllevar mayores indemnizaciones a cargo de la responsabilidad civil de los condenados.
El auto del magistrado dictando la apertura de juicio oral se circunscribe únicamente a los hechos y circunstancias que rodean la ampliación de capital de 2016. Por lo tanto, únicamente los accionistas que acudieron a esa ampliación de capital, y por el importe que suscribieron, podrían ser indemnizados.
Esto deja fuera a los accionistas que no acudieron a esta ampliación de capital, pero sí a cualquiera de las ampliaciones de capital anteriores. Sin embargo las irregularidades contables se venían arrastrando al menos desde el ejercicio 2011. Tal como acreditan informes de los peritos que son inspectores del Banco de España. El auto judicial acumula ya 10 recursos, tanto de la auditora PwC y de directivos imputados, como de miles de accionistas.
Los accionistas reclaman la imputación de otros directivos y la extensión del periodo temporal en el que sucedieron los hechos. Esta pretensión choca con varias resoluciones contrarias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En la última resolución del TJUE (ver aquí) publicada el pasado 14 de marzo, la abogada general exime a Banco Santander de responsabilidad. Su razonamiento es que los accionistas, en un escenario hipotético de liquidación, no habrían corrido mejor suerte.
