Son dos medidas de enorme calado que afectan a un mismo colectivo, autónomos y pymes de facturación reducida, de las que tenemos noticias desde hace al menos 5 años y cuya implantación se ha ido retrasando repetidamente.
El sistema de IVA franquiciado para pequeños negocios/autónomos es (o será, porque no sabemos cuándo llegará definitivamente) una novedosa y sustancial modificación en el sistema de recaudación del IVA especial para pequeñas empresas y autónomos. La modificación viene impuesta por la Directiva UE 2020/285 de 18 de febrero de 2020 que establece el 1 de enero de 2025 como fecha límite para transponer a las legislaciones nacionales. A punto de cumplir 1 año de retraso en la fecha límite para su implantación, España tiene abierto un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea por no transponer la directiva en plazo. Y tampoco parece que esté en los planes Del Gobierno implantarlo en los próximos meses o años.
Por su parte Verifactu nace de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude (Ley Antifraude) y se desarrolla en el Real Decreto 1007/2023, que regula los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) y la opción Verifactu, con la factura electrónica como protagonista. Inicialmente se anunció su implantación para el mes de enero de 2025, pero las dificultades técnicas y de adaptación han ido obligando a retrasar la entrada en vigor definitiva, de momento hasta 2027.
Mientras Verifactu se aplaza, mientras la franquicia de IVA de 85.000 € se retrasa, pymes y autónomos siguen inmersos en un entorno normativo precario. Una incertidumbre continuada que afecta con más intensidad a un colectivo especialmente sensible a esta situación por su naturaleza y tamaño. Las normas se diseñan pensando muchas veces en el control macro y los grandes números, no en la realidad de un carpintero, una academia o una tienda de barrio.
¿Qué implica esta inseguridad normativa para el día a día del autónomo/PYME?
Dentro del tejido empresarial, son más sensibles por pura estructura personal, económica y de recursos. Son los que tienen menos margen financiero para absorber costes, errores o sanciones. Cuando no hay músculo financiero, la incertidumbre se convierte en riesgo de supervivencia, no solo en una molestia.
Por otra parte, su tamaño les confiere menos capacidad para negociar precios y trasladar costes. No tienen margen de maniobra a la hora de negociar precios, y si no pueden trasladar los sobrecostes a los precios terminan trasladándolos a su margen de beneficios.
Y no menos importante, el impacto psicológico y en la calidad de vida. Para un autónomo, la empresa es su vida diaria. Cada cambio normativo implica horas de preocupación. En una estructura grande, la incertidumbre se reparte entre equipos; en el pequeño, se concentra en una sola persona que, además, tiene que seguir produciendo y facturando.
Cuáles son los motivos de estos retrasos
En ambos casos los retrasos responden a una combinación de incapacidad técnica y falta de voluntad política. La sensación razonable es que la arquitectura regulatoria aún no estaba madura para exigir cumplimiento masivo a partir de 2026 sin generar inseguridad jurídica.
En el caso de Verifactu, el Gobierno se ha visto obligado a aplazar porque la inmensa mayoría de autónomos, pymes y proveedores de software no llegaban ni de lejos a los plazos, el reglamento es complejo, coincide con otras reformas digitales (factura electrónica, SII, agenda ViDA) y existía un riesgo real de caos operativo.
En la franquicia de IVA ligada a la directiva europea, el freno tiene más que ver con la pérdida potencial de recaudación, la dificultad de rediseñar el sistema de IVA para cientos de miles de pequeños negocios y la prioridad política de reforzar primero los mecanismos de control (facturación digital, trazabilidad, cruce masivo de datos) antes de conceder un régimen de exención amplio.
Y aquí es donde ambos retrasos parece que están estrechamente relacionados, como si la administración no quisiera poner en marcha un régimen de franquicia en el IVA para facturaciones inferiores a 85.000 € sin antes, o al mismo tiempo, disponer de un sistema de control como sería Verifactu, como contrapeso.
Si se implanta la franquicia de IVA, el sistema se vuelve más vulnerable a abusos típicos (fragmentar negocios entre varios NIF para no superar los 85.000 €, ocultar ventas para mantenerse artificialmente bajo el umbral, jugar con ventas en efectivo poco trazables) y en ese contexto, un sistema tipo Verifactu encaja muy bien como mecanismo de control.
“Te aligero obligaciones de IVA si aceptas un control mucho más fino de tu facturación.”
Entre el control digital y la falta de rumbo para autónomos y pymes
En definitiva, el aplazamiento de Verifactu y el retraso en la franquicia de IVA de 85.000 € no son simples ajustes de calendario, sino el síntoma de un modelo fiscal que quiere más control digital sin haber definido aún con claridad qué contrapartida de simplificación real ofrecerá a los pequeños negocios: mientras la Administración gana tiempo para ordenar su arquitectura técnica y preservar recaudación, autónomos y pymes de baja facturación siguen operando en un terreno inestable, con reglas que cambian, promesas que no llegan y decisiones estratégicas (inversiones, precios, organización del negocio) que se toman casi a ciegas; por eso, más que esperar pasivamente a la próxima fecha mágica del BOE, la única respuesta sensata para este colectivo es reforzar su planificación fiscal, profesionalizar al máximo su facturación y buscar acompañamiento experto, para que cuando finalmente se activen Verifactu y la franquicia de IVA, no les pillen ni desinformados ni a la intemperie.