El juez propone juzgar a la cúpula del Banco Popular y a la auditora PricewaterhouseCoopers por los delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016. Este proceso judicial podría hacer posible la indemnización por vía de responsabilidad civil a los accionistas que acudieron a esa ampliación de capital.
La Audiencia Nacional ha finalizado la instrucción del caso Banco Popular y propone juzgar al expresidente de la entidad y a otros doce directivos con responsabilidad en los hechos. También a la consultora PricewaterhouseCoopers, por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron “engañados”. Los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”.
Ejecución de aumento de capital en Banco Popular
El magistrado considera acreditado que el 25 de mayo de 2016, el Consejo de Administración del Banco Popular decidió llevar a cabo y ejecutar el aumento de capital. Esté había sido previamente acordado en la Junta General de Accionistas del 11 de abril, con el informe favorable de la Comisión de Auditoría del Consejo.
En esa reunión estuvieron presentes los auditores externos de PricewaterhouseCoopers. Estos no advirtieron a los miembros de la comisión de ningún problema en las cuentas de Banco Popular (anuales 2015 y trimestrales 2016) de cara a la ampliación de capital.
Se ocultaron a los inversores pérdidas de 2.500 millones de euros.
Respecto al folleto de la ampliación de capital, explica el auto, “se ofrece una información financiera conscientemente alterada que ocultaba a los inversores enormes déficits de provisiones, entresacada de las cuentas anuales del año 2015 (auditadas por PwC) y de los estados financieros a 31.03.2016” (con informe limitado de dicha auditora).
De haberse reflejado en los balances del Banco Popular las provisiones ocultadas “el resultado contable de la cuenta de pérdidas y ganancias habría arrojado como mínimo 2.500 millones de pérdidas, en vez de los beneficios declarados por la entidad”. Aparte de alterar sustancialmente numerosas ratios de las cuentas, las cuales se utilizan por los inversores para su análisis financiero. El magistrado subraya que PwC no consignó ninguna salvedad en su informe de auditoría de las cuentas anuales de 2015, ni tampoco en los estados financieros intermedios a fecha 31 de marzo de 2016.
Tácticas irregulares en la comercialización de la ampliación de capital
Respecto a la comercialización de la ampliación de capital, el magistrado relata que se impartieron instrucciones veladas a la red comercial, por orden del consejero delegado, a fin de financiar la compra de acciones a muchos clientes. Esta acción estaba expresamente prohibida en el Manual de Políticas de Riesgo del Banco Popular, porque las acciones compradas a crédito del propio Banco no pueden ser tenidas en cuenta a efectos de coeficientes de solvencia.
Delitos de estafa a inversores.
El juez explica que el delito de estafa a inversores se pudo cometer a través de la ampliación de capital que comercializó el Banco Popular en el año 2016. Los inversores que acudieron a suscribir dicha ampliación fueron engañados. Las cuentas anuales consolidadas de Banco Popular del año 2015 y los estados financieros del primer trimestre de 2016 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio de dicha Entidad porque ocultaban un importante déficit de provisiones.
La operativa del banco consistió en refinanciar a una parte relevante de grandes acreditados en situación de impago de cuotas, concediéndoles plazos que evitaban su morosidad formal o utilizando estructuras societarias instrumentales radicadas en Luxemburgo creadas con el fin de aparentar como viables créditos que en realidad eran dudosos, lo que hubiera supuesto la dotación para pérdidas de 2.500 millones de pérdidas contables.
Delito de falsedad contable
Se atribuye a los investigados también un delito de falsedad contable perpetrado sucesivamente en las cuentas anuales de 2015, en los estados financieros intermedios de 2016 y en las cuentas anuales de este último año. A esta situación contribuyó, según el juez, la colaboración consciente del auditor externo (PWC) pues no consignó ninguna salvedad en su informe de auditoría de las cuentas anuales de Banco Popular del año 2015 ni en el informe limitado respecto de los informes financieros del primer trimestre de 2016.
El papel del supervisor bancario
El auto judicial explica que no puede valorar la actuación de los supervisores (CNMV/BdE/BCE), ya que no compete al órgano judicial determinar si el sistema de supervisión funcionó correctamente o no. Hay que recordar que el Banco de España, ya en el ejercicio 2008, cuantificó en 2.071 millones de euros el volumen de créditos deteriorados que lastraban la solvencia del Popular. Importe que creció hasta los 2.800 millones en el ejercicio 2011. Estos déficits de capital obligaron al Banco Popular a realizar 47 ampliaciones de capital entre 2008 y 2016.
Posible responsabilidad civil del Banco Santander
Respecto a la posible responsabilidad civil del Banco Santander, será en el momento de dictar el auto de apertura de juicio oral cuando aborde esta cuestión. La apertura de juicio oral contra la antigua cúpula de Banco Popular y sus auditores tendrá un impacto potencial limitado para Banco Santander, cuya memoria anual 2023 cifró en 680 millones de euros el importe máximo que afrontará por la responsabilidad civil subsidiaria.
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