Los propietarios de viviendas en alquiler que tengan que actualizar próximamente la renta de sus contratos deben prestar especial atención a las nuevas reglas introducidas por el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre. También interesa a los inquilinos conocer si sus contratos están protegidos frente a determinadas subidas y, en su caso, qué porcentaje puede aplicarse.
La norma, en vigor desde el 8 de octubre de 2026, introduce modificaciones importantes en el sistema de actualización de las rentas de los arrendamientos de vivienda.
Por una parte, durante el régimen extraordinario actualmente vigente, impide incrementar la renta cuando ya sea superior al límite máximo del precio que resulte aplicable conforme al Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler. Por otra, modifica el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para establecer que la actualización realizada conforme al contrato no puede superar el último IRAV publicado en la fecha de la actualización.
Y, además, hasta el 31 de diciembre de 2027, establece una limitación extraordinaria: cuando la renta no supere aquel precio máximo de referencia, propietario e inquilino pueden pactar la actualización y, si no existe un nuevo acuerdo entre ellos, el incremento no podrá superar el 2 %.
Por tanto, para saber cuánto puede subir actualmente un alquiler ya no basta con consultar el IPC o el último IRAV. Hay que distinguir correctamente entre el índice previsto en el contrato, el IRAV, el límite máximo del Sistema Estatal de Referencia y el límite extraordinario del 2 %.
¿Qué es el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler?
El Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda, cuya herramienta de consulta es conocida como SERPAVI, es un sistema público del Ministerio de Vivienda que permite obtener para una vivienda concreta un rango de renta mensual en función de su ubicación y características.
La consulta puede realizarse mediante la referencia catastral o la dirección del inmueble y proporciona un intervalo de precios. Cuando la normativa atribuye efectos al límite máximo calculado conforme a este sistema, el dato relevante es el valor superior del rango.
A diferencia del IPC o del IRAV, por tanto, no expresa un porcentaje de incremento, sino un importe mensual de referencia para una vivienda determinada.
¿Qué es el IRAV?
El IRAV —Índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda— es un índice elaborado y publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística.
Su origen se encuentra en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que encomendó al INE la definición de un nuevo índice destinado a evitar incrementos desproporcionados en las actualizaciones anuales de los contratos de alquiler.
El IRAV comenzó a publicarse a finales de 2024. La novedad introducida ahora por el Real Decreto-ley 29/2026 es que el artículo 18.1 de la LAU lo incorpora expresamente como límite máximo general de la actualización anual de la renta.
Lo primero: ¿el contrato permite actualizar la renta?
La renta no aumenta automáticamente por el simple transcurso de un año.
El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (ver aquí) establece que durante la vigencia del contrato la renta solamente podrá actualizarse cuando se cumpla cada anualidad y en los términos pactados por las partes.
Si el contrato no contiene un pacto expreso de actualización, no procede actualizar la renta.
Por ello, el primer paso debe ser siempre revisar:
- la fecha del contrato;
- cuándo se cumple la nueva anualidad;
- la cláusula concreta de actualización;
- el índice o mecanismo establecido en esa cláusula;
- y la renta que actualmente está pagando el arrendatario.
No todos los contratos se actualizan directamente aplicando el IRAV
Este es probablemente uno de los aspectos que más confusión puede generar.
El IRAV no debe entenderse necesariamente como el índice que sustituye automáticamente al previsto en todos los contratos.
El punto de partida continúa siendo lo que establezca la cláusula contractual.
Por ejemplo, si un contrato dispone expresamente que la renta se actualizará conforme al IPC, inicialmente habrá que calcular la variación que corresponda conforme a ese índice.
Si existe pacto expreso de actualización pero este no identifica ningún índice o metodología concreta, la nueva redacción del artículo 18 establece que la actualización se realizará tomando como referencia el IRAV.
Pero el IRAV tiene ahora además una segunda función especialmente importante: actuar como límite máximo de la actualización.
Por tanto, hay que diferenciar dos conceptos: una cosa es el índice o mecanismo utilizado para calcular la actualización y otra distinta el límite máximo que legalmente puede aplicarse.
¿Qué ocurre con los contratos anteriores al 26 de mayo de 2023?
Esta es otra de las novedades relevantes del Real Decreto-ley 29/2026.
Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda continúan, con carácter general, sometidos al régimen jurídico vigente en el momento en que fueron celebrados. Sin embargo, la nueva redacción de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Vivienda establece expresamente que sus actualizaciones también quedan sometidas al límite máximo del IRAV y a la nueva redacción del artículo 18.1 de la LAU.
Por ello, un contrato antiguo puede seguir estableciendo, por ejemplo, una actualización conforme al IPC, pero la subida resultante no podrá superar el IRAV aplicable.
La idea es otra: el contrato determina inicialmente cómo se calcula la actualización, mientras que el IRAV establece el techo máximo que no puede superarse.
Además existe un límite extraordinario hasta el 31 de diciembre de 2027
A las reglas anteriores se añade una limitación temporal extraordinaria para los contratos de alquiler de vivienda sujetos a la LAU cuya anualidad se cumpla entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
La norma diferencia dos situaciones.
Cuando la renta vigente sea superior al límite máximo del precio aplicable conforme al SERPAVI, no procederá incremento alguno. En ese caso, por tanto: incremento permitido: 0 %.
En los demás casos, El incremento se realizará con forma lo dispuesto en el contrato o por acuerdo entre propietario e inquilino, pero la actualización siempre respetará el límite del 2%.
Entonces, ¿qué porcentajes y límites hay que aplicar?
Una forma sencilla de entender el nuevo sistema es seguir este orden.
Paso 1. Revisar el contrato
Hay que comprobar si existe cláusula de actualización y qué índice o mecanismo establece. Sin pacto expreso de actualización, no procede subida.
Paso 2. Calcular la actualización prevista en el contrato
Puede tratarse del IPC, del IRAV o de cualquier otro mecanismo válidamente pactado. Si existe pacto de actualización pero no se identifica ningún índice o metodología concreta, se utilizará el IRAV.
Paso 3. Consultar el Sistema Estatal de Referencia SERPAVI
Durante el régimen extraordinario vigente hasta finales de 2027, si la renta actual supera el límite máximo del precio que resulte aplicable conforme al SERPAVI, no procede incremento alguno.
Paso 4. Comprobar el límite del IRAV
Si procede actualizar la renta, el porcentaje resultante no podrá superar el IRAV vigente en la fecha de actualización, aunque el índice previsto en el contrato produzca un porcentaje superior.
Paso 5. Comprobar el límite extraordinario del 2 %
Hasta el 31 de diciembre de 2027, si la renta no supera el límite máximo de referencia y no existe un nuevo acuerdo entre propietario e inquilino, la subida tampoco podrá superar el 2 %.
El porcentaje definitivo será el resultado de aplicar la cláusula del contrato y, posteriormente, los límites legales que correspondan.
Un ejemplo práctico
El último IRAV publicado por el Instituto Nacional de Estadística en el momento de redactar este artículo corresponde a septiembre de 2026 y se sitúa en el 2,54 %.
Supongamos un contrato cuya cláusula establece que la renta se actualiza conforme al IPC.
Si el IPC aplicable determinase una subida del 3,5 %, esa subida no podría aplicarse íntegramente porque el IRAV establece un límite del 2,54 %.
Sin embargo, durante el régimen extraordinario vigente, si propietario e inquilino no alcanzan un nuevo acuerdo, existe todavía otro límite: el 2 %.
Supongamos concretamente:
- renta actual: 800 € mensuales;
- cláusula contractual: actualización conforme al IPC;
- resultado de aplicar el IPC: 3,5 %;
- IRAV vigente: 2,54 %;
- renta inferior al límite máximo del Sistema Estatal de Referencia;
- no existe nuevo acuerdo entre propietario e inquilino.
La cláusula contractual daría inicialmente una subida del 3,5 %.
El IRAV la reduciría como máximo al 2,54 %.
Pero, al no existir un nuevo pacto entre las partes, entra en juego finalmente el límite extraordinario del 2 %.
Por tanto:
800 € × 2 % = 16 €
La nueva renta máxima sería:
816 € mensuales.
En cambio, si el índice previsto en el contrato arrojase únicamente una subida del 1,5 %, no podría utilizarse ni el IRAV del 2,54 % ni el límite extraordinario del 2 % para elevar artificialmente la actualización.
En ese supuesto la actualización sería del 1,5 %.
Los límites legales funcionan como techos máximos, no como porcentajes de subida garantizados al arrendador.
¿Desde cuándo puede cobrarse la renta actualizada?
La actualización tampoco puede cobrarse automáticamente y con efectos retroactivos desde el día en que se cumple la anualidad.
La renta actualizada será exigible a partir del mes siguiente a aquel en que el propietario comunique por escrito al arrendatario la actualización.
La comunicación debe indicar el porcentaje aplicado y, si el arrendatario lo solicita, deberá facilitarse la certificación correspondiente del índice utilizado.
La propia LAU permite efectuar esta comunicación mediante una nota incluida en el recibo de la mensualidad anterior.
Antes de comunicar una subida, conviene hacer el cálculo completo
La actualización anual de un alquiler se ha convertido en una operación más compleja de lo que puede parecer.
Antes de comunicar una nueva renta al inquilino conviene comprobar:
- La fecha del contrato.
- La fecha en la que se cumple la anualidad.
- La existencia y contenido de la cláusula de actualización.
- El índice o mecanismo establecido en el contrato.
- El límite máximo que pueda resultar del Sistema Estatal de Referencia.
- El IRAV vigente en la fecha de actualización.
- El límite extraordinario del 2 % hasta el 31 de diciembre de 2027, cuando no exista un nuevo acuerdo entre las partes.
Una actualización incorrectamente calculada puede provocar que se reclame una renta superior a la legalmente permitida.
Fuentes oficiales
- Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre.
- Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, especialmente su artículo 18.
- Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
- Sistema Estatal de Referencia del precio del alquiler de vivienda, Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
- Índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda (IRAV), Instituto Nacional de Estadística.

